Desde noviembre de 2025, Italia ha introducido modificaciones relevantes en el régimen de ciudadanía para menores, con el objetivo declarado de simplificar trámites y reducir barreras económicas para las familias. Sin embargo, la implementación en Sudamérica —y en particular en el Consulado de Italia en Lima— ha estado marcada por descoordinación, falta de claridad y decisiones administrativas que han generado incertidumbre y frustración entre los solicitantes.
Como CMT Estudio de Abogados, hemos acompañado de cerca esta evolución normativa y sus efectos prácticos, tanto en el plano legal como en la experiencia real de nuestros clientes.
Cambios legales: una oportunidad para facilitar el acceso
La Ley de Presupuestos 2026, aprobada el 30 de diciembre de 2025, introdujo ajustes puntuales a la Ley n. 91/1992, especialmente en lo relativo a la adquisición de la ciudadanía italiana por beneficio de ley para menores. Entre los cambios más relevantes:
- Clarificación del régimen aplicable a hijos menores de ciudadanos italianos por nacimiento, incluso cuando el reconocimiento del progenitor se produce con posterioridad al nacimiento del menor.
- Flexibilización de requisitos documentales, permitiendo en algunos casos el uso de declaraciones juradas o certificaciones simplificadas.
- Ampliación de plazos administrativos para presentar solicitudes y declaraciones.
- Reducción o exención de tasas para ciertos casos de menores, con el fin de eliminar barreras económicas.
Estas medidas, en teoría, debían traducirse en una mejora sustancial en la experiencia de las familias. Pero la implementación consular ha contado otra historia.
El caso del Consulado de Italia en Lima: improvisación y falta de criterio
Desde la entrada en vigor de la ley, el Consulado de Italia en Lima ha evidenciado una preocupante falta de preparación. A pesar de que la norma fue publicada con antelación suficiente, el consulado demoró semanas en definir los formatos adecuados para las declaraciones parentales, generando un cuello de botella innecesario en la presentación de solicitudes.
Más grave aún fue la gestión errática de las tasas consulares. Inicialmente, el consulado no supo si debía cobrar o no, la tasa de 250 euros prevista para la adquisición de ciudadanía para menores. luego incluso cuando ya se discutía públicamente la posibilidad de eximir a los menores de dicho pago, en lugar de esperar una directiva clara del Ministerio del Interior o de la Farnesina, optó por exigir el pago inmediato de la tasa.
El resultado: decenas de familias pagaron una tasa que, semanas o días después, fue oficialmente exonerada para menores, quedando ahora en un limbo administrativo respecto al reembolso. A la fecha, no existe un procedimiento claro ni un cronograma definido para la devolución de esos pagos, lo que ha generado una legítima sensación de desprotección y desconfianza.
¿Qué deberían haber hecho las autoridades consulares?
Desde nuestro punto de vista, el Consulado de Italia en Lima debió actuar con mayor prudencia y responsabilidad institucional. Frente a una norma en evolución y con impacto directo en familias con menores, lo razonable habría sido:
- Esperar una directiva oficial antes de exigir pagos.
- Publicar formatos claros y unificados apenas se promulgó la ley.
- Establecer un canal de comunicación transparente para informar a los solicitantes sobre los cambios en tiempo real.
- Ofrecer garantías sobre la devolución de tasas cobradas indebidamente, con plazos y mecanismos definidos.
La ausencia de estas medidas ha generado un entorno de incertidumbre que afecta no solo a los solicitantes, sino también a la imagen institucional de Italia en el exterior.
Conclusión: entre la esperanza legal y la realidad burocrática
La reforma de la ciudadanía italiana para menores representa un avance normativo importante. Pero su implementación en el exterior —y especialmente en Lima— ha dejado en evidencia las debilidades estructurales de la red consular italiana en la región.
Desde CMT Estudio de Abogados, reafirmamos nuestro compromiso con las familias que buscan ejercer su derecho a la ciudadanía italiana. En un entorno donde la ley avanza pero la administración tropieza, la asesoría legal especializada no es un lujo, sino una necesidad estratégica.
Si su familia ha sido afectada por estos cambios o enfrenta trabas en su trámite, estamos aquí para ayudarle a recuperar el control del proceso y garantizar que se respeten sus derechos.
